Un informe de la Clínica Javier Romañach revisa la Ley (39/2006) de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia tras 15 años de vigencia

La Clínica Jurídica de Derechos Humanos Javier Romañach publica un nuevo informe, a petición del CERMI Estatal, en el que lleva a cabo una revisión de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia tras 15 años de vigencia en el Derecho español, todo ello, a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos, en especial, la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La ausencia del modelo social en la conceptualización de la situación de dependencia; el criterio o enfoque anacrónico y basado en el modelo médico en la evaluación y determinación de los grados de deficiencia y discapacidad;  el distanciamiento con el artículo 19 de Convención sobre el derecho a la promoción de la autonomía personal y el derecho a la vida independiente;  el enfoque primordialmente asistencial en las prestaciones de servicios; la falta de perspectiva de género; la necesidad de adaptar la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas situación de dependencia al contenido de la ley 8/2021, de 2 de junio sobre la capacidad jurídica; la escasa mención a los derechos de las personas institucionalizadas; o la  inequidad prestacional en el ámbito del Estado son algunas de las conclusiones que arroja este nuevo informe.

Este programa Clínico, que se ha desarrollado de manera online, ha sido dirigido por Rafael de Asís, tutorizado por Mª de Mar Rojas y Francisco Bariffi y en él han participado las y los estudiantes Bianca María Bira (Derecho), Luis Domenech Moya (Derecho y Ciencias Políticas), Pìlar Farias Varona (Derecho y ADE), Sandra Maroto Fernández (Derecho) y Helia Platero Rodríguez (Derecho).

El estudio se ha realizado dentro de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos Javier Romañach, sección de Discapacidad, del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba, en el marco de la colaboración entre CERMI Estatal y la Clínica Jurídica de la Universidad Carlos III de Madrid.

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