Las personas con TEA deben participar de las políticas sobre discapacidad sin tener que depender de la determinación del grado

Según un informe publicado por la  Clínica Jurídica de Derechos Humanos Javier Romañach del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, actualizar la definición de discapacidad y adaptarla al concepto científico del TEA y a las necesidades de adaptación que requieren las personas, permitirá garantizar su acceso a herramientas de satisfacción de derechos y de inclusión social.

Los TEA se caracterizan por déficits persistentes en la capacidad de iniciar y sostener la interacción social recíproca y la comunicación social, y por un rango de patrones comportamentales e intereses restringidos, repetitivos e inflexibles. Estas características impiden que puedan participar de forma activa en la sociedad pues se encuentran con barreras sociales. Pero, además,  los TEA no se comprenden si no se tienen en cuenta los “factores ambientales”,  que aluden al entorno en el que la persona se desenvuelve. Así que, además de las dificultades propias de la persona en su relación con el medio, hay que valorar las que el medio interponga en su relación con las personas, como es el caso de la estigmatización, actitudes y valores, los servicios y sistemas sociales y políticos, y las reglas y leyes.

La complementariedad entre los componentes médicos y sociales acerca los TEA al ámbito de la discapacidad. Y es que la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) establece que “las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

La definición de persona con discapacidad contemplada en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social de 2013 (LGDPD) coincide en un primer momento con la CDPD. Sin embargo, en el apartado 2, establece un grado para el reconocimiento de la situación de discapacidad.

Aunque el establecimiento de un grado no es algo que la CDPD establezca, no sería contrario al modelo social si en la evaluación se tuviera en cuenta la definición de persona con discapacidad y se valorarán, al menos con idéntico peso, condición y situación. Es decir, si se tuvieran en cuenta en su justa medida el peso de las barreras sociales.

Pero esto no ocurre. El peso de los factores sociales es muy reducido. En la regulación, sostienen los autores y autoras de este informe,  parece primar el modelo médico a la hora de dar una definición de lo que es la discapacidad lo que dificulta la inclusión de las personas con TEA en la valoración: “al no tener en cuenta de la misma manera los factores sociales, dificulta que éstos alcancen un grado igual o superior al 33% de discapacidad”. Esto, explican, tiene gran relevancia ya que a partir de este 33%, los individuos pueden acceder a prestaciones estatales y facilidades diversas, reservas de plaza en la función pública o en la universidad, reducciones fiscales, etc. “Al menospreciar la esencia de los TEA, que es la dificultad de interacción social, se produce su desprotección legal”, afirman.

Para corregir esta situación el informe realiza una serie de propuestas  dirigidas a incluir a los TEA en la regulación de la discapacidad y en la definición de persona con discapacidad.

Incluir los TEA en la regulación de la discapacidad

El estudio plantea la necesidad de redefinir el concepto de discapacidad de manera que incluya los trastornos del neurodesarrollo en general y a los TEA en particular, para conseguir, con la seguridad jurídica suficiente, una supresión de las barreras discapacitantes para las personas con TEA.

Así, el informe propone la incorporación de una acepción propia de ‘barreras sociales y ambientales’ en la definición que la LGDPD establece de discapacidad,  una regulación de los “titulares de derechos de esta ley” que integre el TEA de manera general y basar la definición actual de persona con discapacidad en ‘la condiciones del individuo’ que pueden restringir su participación en sociedad, en lugar de “presentan deficiencias…” para abarcar en ella las ‘deficiencias sociales’ que producen la exclusión de estas personas.

Incluir los TEA en la definición de persona con discapacidad

Sin embargo, señalan en la Clínica, el problema no reside exclusivamente en la definición de discapacidad, sino, sobre todo, en la forma en la cual se determina la discapacidad.

En este sentido, subrayan que es absolutamente necesario, para acercar nuestra legislación a la CDPD, aumentar el peso de los factores sociales y ambientales en la determinación del grado de discapacidad. Esto obliga a considerar otros sistemas de determinación de la discapacidad o, al menos, buscar una forma de complementar el sistema actual de forma en que se tenga mayor valoración de factores sociales y del entorno del individuo, incluyendo siempre, eso sí, a las personas con discapacidad y a sus organizaciones en el diseño y la práctica de evaluación de la discapacidad.

Con una definición de discapacidad más amplia y más inclusiva, estaremos más cerca de poder eliminar por completo las barreras a las que actualmente hacen frente las personas con TEA y en general las personas con discapacidad”, concluyen.

 

Más información

El  ‘Informe sobre la definición de persona con discapacidad y su proyección en los TEA’ se ha realizado dentro de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos Javier Romañach, sección de Discapacidad, del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, dentro de la colaboración entre la Confederación Autismo España y la Clínica Jurídica de la Universidad Carlos III de Madrid.

Este programa Clínico ha sido dirigido por Rafael de Asís. Mª de Mar Rojas ha sido tutora del mismo. La Clínica se ha realizado en el campus de Getafe y han participado: Gabriela Carolina Carral Gutierrez (Grado de Derecho), Ruth Criado (Grado de Derecho), Sabela Festa Domínguez (Doble Grado Derecho y Ciencias Políticas), Claudia Fraga Bugallo (Doble Grado Derecho y Economía), Ainhoa Giménez Garcés (Doble Grado Derecho y Ciencias Políticas), Juan Carlos González Sánchez (Doctorando en Estudios Avanzados en Derechos Humanos), Marta Hernández Piedrafita (Doble Grado Derecho y Ciencias Políticas), Miguel Angel Herrero Vela (Grado de Derecho), Gorka Lebrero Bañuelos (Grado de Derecho), María del Rosell Legaz Sanz (Doble Grado Derecho y Economía), María Tejera Pastor (Grado de Derecho) y Sergio Velasco Díaz (Doble Grado Derecho y Ciencias Políticas).

Puedes accederse al informe completo en este enlace:

https://clinicajuridicaidhbc.files.wordpress.com/2020/07/informe-clinica-tea-y-definicion-de-discapacidad.pdf

NOTA EN FORMATO WORD

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