Un informe de la Clínica Javier Romañach justifica la necesidad de aprobar una ley estatal que garantice y proteja los derechos sociales en todo el territorio nacional

El Estado español tiene la competencia y la obligación de desarrollar una ley estatal que garantice la satisfacción básica y uniforme de los derechos sociales a toda la ciudadanía. Así lo establece el nuevo informe elaborado por la Clínica de Derechos Humanos Javier Romañach  ‘Bases constitucionales para una legislación estatal general sobre garantía de derechos sociales’ del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas  y que ha sido incluido en el Informe ‘Derechos Humanos y Discapacidad. España 2019’ del CERMI Estatal.

El objetivo de esta Clínica Jurídica, realizada a petición del CERMI Estatal,  ha sido el de ofrecer argumentos encaminados a justificar la viabilidad constitucional de una ley estatal de garantía de derechos sociales, de manera que se articule un sistema complementario y de mínimos, compatible con el desarrollo autonómico en materia de derechos sociales.  La creación de esta norma jurídica estatal de carácter general eliminaría la brecha que supone la privación de su ejercicio y aseguraría a todos los ciudadanos y ciudadanas igualdad de oportunidades.

Y es que aunque el Estado español ha incorporado en su Constitución los derechos sociales, estos carecen del mismo grado de protección que ostentan los derechos individuales, civiles y políticos.  Una de las consecuencias es que su materialización queda supeditada a la voluntad política de los gobiernos autonómicos, lo que ha desencadenado situaciones de desigualdad entre Comunidades Autónomas, donde unas garantizan a los ciudadanos mayor protección de los derechos sociales en comparación con otras. Una situación que se ve agravada por la ausencia de una ley estatal que regule la satisfacción básica de los derechos sociales.

El problema de la fundamentalidad diferenciada de los derechos y la ausencia de una ley estatal que regule la satisfacción básica de los derechos sociales ha sido denunciado tanto en el plano nacional como en el marco comunitario. Según recoge este estudio,  la dispersión normativa en la materia está asociada directamente con la creciente brecha de desigualdad entre ciudadanos, generando un sentimiento de malestar y frustración debido a la ineficacia de sus derechos.

Tras analizar los problemas teóricos y derivados de la legislación estatal, la normativa internacional, vinculante para España, y la normativa autonómica en materia de servicios sociales y de asistencia social, el informe propone 2 remedios: reconocer a los derechos la misma jerarquía, solución que pasa por entender que los derechos son interdependientes e indivisibles, y superar el esquema actual construido sobre la base de la satisfacción de los derechos sociales a través de la asistencia social y desarrollar un modelo integral bidimensional; esto es, a través de la cooperación estatal y autonómica, que garantice la eficacia de los derechos sociales.

Para los autores y autoras de este informe, la posibilidad de unificar al menos unas líneas de desarrollo y ejecución común por parte del Estado, tal y como ha ocurrido en materias como la promoción de autonomía personal, es de suma importancia.  ‘De esta manera, concluyen, es perfectamente compatible el desarrollo de un único marco estatal que permita mejorar las bases de los derechos sociales de cara al futuro, asumiendo más compromiso y profundizando en la cooperación estatal y autonómica con el fin de asegurar un estándar mínimo de satisfacción de derechos sociales y con ello la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad del mayor número de ciudadanos’.

La  Clínica de Derechos Humanos Javier Romañach  ‘Bases constitucionales para una legislación estatal general sobre garantía de derechos sociales’ ha sido dirigida por el Prof. Dr. Francisco Javier Ansuátegui Roig y coordinada por la Dra. María del Mar Rojas Buendía. Han participado los y las estudiantes Marta Hernández Mora-Olivie, Ana Bueno Chacón, Diego Corral Herreros, Ignacio Bazarra Requena, Arianne Girona Pérez, Jesús A. Soengas Fernándes, Sebastián Ibarra González, Sonsoles Arteaga Alenda y María Villaverde Galán.

El resultado de su trabajo ha sido publicado en el Informe ‘Derechos Humanos y Discapacidad’ España 2019’ del CERMI Estatal.

Puede consultarse en https://www.cermi.es/es/colecciones/libro-n%C2%BA-25-derechos-humanos-y-discapacidad-informe-espa%C3%B1a-2019 (págs. 471-519).

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