El IDHPB propone la regulación de un estatuto europeo de la discapacidad y la homologación entre Estados miembro

El informe-propuesta ha sido elaborado en la Clínica Jurídica de Derechos Humanos Javier Romañach, sección de Discapacidad, del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba, dentro de la colaboración entre CERMI y la Clínica Jurídica de la UC3M

La Clínica Jurídica de Derechos Humanos Javier Romañach del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba de la Universidad Carlos III de Madrid, a solicitud el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ha elaborado un informe propuesta sobre cómo regular la condición europea de persona con discapacidad y la homologación de estas situaciones entre los Estados miembro.

El informe ha tenido como objetivo examinar la presencia y tratamiento de la discapacidad, así como los mecanismos de evaluación de los Estado Miembro de la Unión Europea. Con este análisis por países se han podido detectar las fortalezas y debilidades de cada sistema y así saber qué procedimientos se deben adoptar o evitar de cara a la construcción de un estatuto jurídico común.

El informe, que ha tomado como punto de partida la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha ayudado a conocer el tipo de modelo de discapacidad que emplea cada país dentro de la UE, distinguiendo dos patrones. Por un lado, el modelo social de derechos humanos donde las circunstancias individuales y sociales del individuo se incluyen y el objetivo principal de las políticas es la eliminación de las barreras sociales y, por otro, el basado en el modelo médico de discapacidad que se centra únicamente en un diagnóstico facultativo para adquirir la condición de discapacidad.

El informe concluye que ambos modelos se unen en el llamado modelo biopsicosocial y que es, precisamente, este enfoque psicosocial el que “deberían tomar las administraciones públicas de cada estado como base para poder desarrollar unos mecanismos de evaluación de la discapacidad acordes con los derechos humanos”.

Este común denominador que tiene que estar presente en los procedimientos administrativos de cada estado, según este estudio.  pasan por el respeto de los principios generales de la Convención (art. 3); por armonizar el procedimiento en todos los estados sin diferencias por razón de la ordenación territorial y competencial determinada, por la adaptación de los mecanismos al contexto individual y social de la persona, por evitar la privación de la libertad, integridad física y su capacidad legal y por último por la identificación de las barreras sociales para su posterior eliminación. Además, sería óptimo atender a un concepto de discriminación interseccional que tuviese en cuenta la protección de los diferentes grupos sociales y de género.

El informe pone de manifiesto que existe un claro desequilibrio en la regulación de la discapacidad a nivel europeo. Así, existen países que no definen qué es discapacidad, lo que determina que tengan mecanismos de evaluación poco desarrollados o que no están disponibles al público. La falta de desarrollo de estos mecanismos hace que muchos países sigan anclados en un modelo médico puro en el que únicamente se siguen diagnósticos y baremos sanitarios para determinar quién es una persona con discapacidad, sin tener en cuenta la discriminación social que conlleva. Además, la falta de una definición armonizada o común entre los países origina ciertas exclusiones a determinados grupos de discapacidad como en el caso de la discapacidad psicológica o mental o las discapacidades sobrevenidas, a corto plazo o agudas.

Por otra parte, hay países que cumplen en mayor o en menor medida con el modelo social de discapacidad y con las directrices de la Convención, lo que influye en que empleen criterios que tengan en cuenta las circunstancias personales y el contexto socioeconómico del individuo. De ahí que muchas de los mecanismos de evaluación proporcionan el acceso a mejoras en los derechos laborales, a la vida independiente, al acceso de la cultura y deporte, etc.,.

El estudio concluye reivindicando una mayor presencia de las organizaciones representativas de la discapacidad en las instituciones europeas para no “dar la espalda” a este grupo de la población.

El CERMI trasladará el informe propuesta al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea para que promuevan iniciativas que conduzcan a la adopción de una noción europea de persona con discapacidad, inspirada en el modelo social, que surta efectos en todos los países y permita la libre movilidad y el acceso sin discriminaciones según el origen nacional a los recursos, apoyos y medidas de acción positiva por razón de discapacidad.

Este programa Clínico ha sido dirigido por Irene Vicente Echevarría. La Clínica se ha realizado en el campus de Getafe y han participado: Álvaro de Arguelles Lugo (Grado en Derecho y Estudios Internacionales), Analoli del Cueto Menéndez (Grado en Derecho), Enrique Marentes Cuesta (Grado en Derecho y Estudios Internacionales), Débora Torres Gómez-Pimpollo (Grado en Derecho y Economía) y Rocío Jiménez Díez (Grado en Derecho).

INFORME COMPLETO

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